lunes, 29 de junio de 2009

JORNADAS DE PIEDRAS BLANCAS



La secretaria del OAPSO, Gemma Arbesú, participó el domingo 28 de junio en el foro solidario de Piedras Blancas junto a Miguel Sanmiguel, miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Gemma regresó este mismo jueves de Agadir donde, en representación de la OAPSO y del Consejo General de la Abogacía Española, intervino como jurista observadora en el juicio celebrado contra doces saharauis, conocidos como el grupo de Mohamed Yahia y el grupo de los tres, al que se atribuía la muerte de un un policía marroquí en la ciudad de TanTan. Gemma narró la precariedad como se desarrolló la defensa de los acusados y la pérdida de imparcialdad en que incurrió el Tribunal, que finalmente dictó sentencia el mismo día agravando las penas ya impuestas.

Presentación OAPSO






Fuente: RTPA, 26-06-2009



El director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios presentó hoy en rueda de prensa, el Observatorio Asturiano de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental cuyo objetivo es realizar tareas de investigación y observación judicial sobre el terreno.
Palacios señaló que la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo destinará este año 29.600 euros al apoyo de las actividades y objetivos del Observatorio y añadió que todos los informes que sean realizados por dicho colectivo, serán tenidos en cuenta.
"Nosotros pondremos los informes en conocimiento de los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos y en conocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación con el cual participamos en la comisión interterritorial de cooperación", expresó el director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Rafael Palacios añadió que en esa comisión insistirán en que se están violando los derechos humanos y que se está manteniendo una "relación preferencial" con un Estado que viola esos derechos sobre un territorio con el que España tiene "una responsabilidad histórica".
Por su parte, el presidente del Observatorio de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, Javier González Vega indicó que la creación del Observatorio es un esfuerzo colectivo animado por la idea de promover el respeto a los derechos humanos.
"Examinamos particularmente aquellas situaciones que conforman violación de los derechos humanos en el territorio del Sáhara Occidental", expuso González Vega y agregó que el Observatorio pretende secundar un movimiento que ha ido desarrollando en diferentes áreas de España, como Badajoz o Zaragoza.
Según González Vega, no puede resultar indiferente para una sociedad democrática, la vulneración de los derechos humanos que se producen cerca de las fronteras españolas y sobre todo en zonas en las que el Estado español ha sido responsable de esa situación.
Vega resaltó que el Observatorio es la forma de contribuir a intentar finalizar esta situación y añadió que a pesar de que la presentación tenga lugar hoy, la organización ya lleva desarrollando labores de observación desde hace más de tres meses.
Está organización según detalló su presidente, Javier González Vega, tuvo su intentó de creación hace aproximadamente un año tras un Congreso sobre el pueblo saharaui celebrado en Asturias, y desde entonces se lleva fraguando la idea que hoy se presenta.
Asimismo, el vicepresidente del Observatorio de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Martín-Morillo, definió lo que son los derechos humanos y relató varios de los ejemplos de vulneración de los mismos que acontecen habitualmente en la zona del Sahara Occidental.
"Los derechos humanos son el reconocimiento de necesidades que deben ser satisfechas y en la zona del Sahara Occidental no sólo no se reconocen esas necesidades si no que se vulneran sistemáticamente", expresó Martín-Murillo.
Según explicó, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, cuando a los juicios que se producen en la zona acuden observadores internacionales es habitual que estos se suspendan.
"Una de nuestras labores como Observatorio es la de romper con el muro del silencio en el que está sumido el pueblo saharaui", destacó el vicepresidente del Observatorio de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental

domingo, 21 de junio de 2009

Foro Solidario de Castrillón. Palestina y Sáhara

Dentro del 2º FORO SOLIDARIO DE CASTRILLÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS está previsto que el día 28 de junio, a las 12.00 horas, se celebre una mesa redonda sobre Palestina y Sahara con intervención de miembros del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental. y Miguel Sanmiguel, profesor, miembro del CSCA Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Seguidamente, a las 13,30 horas, se proyectarán "El agua ocupada", "Buscando identidad: talleres arteterapia Ramala Kanyounis" y "Brahim, experiencia de un hombre encarcelado".

sábado, 20 de junio de 2009

REFUGIADOS

Con ocasión de los cincuenta años de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1.951, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó por la resolución 55/76 de 4 de diciembre de 2000 que, a partir del año 2001, el día 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados. Hoy mostramos nuestra preocupación por las condiciones de vida y la seguridad de los 42 millones de personas que la ACNUR identifica como refugiados y desplazados internos en el mundo. Y recordamos que el mantenimiento de la situación de extrema vulnerabilidad de sus condiciones de vida y su situación jurídica supone la más lacerante de las violaciones de sus derechos fundamentales.
El OAPSO hace una llamada de atención a la opinión pública sobre la situación en los campos de refugiados saharauis. En el estudio realizado en el año 2.008 por Médicos del Mundo (MDM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en colaboración con el ACNUR, se indica que la malnutrición en los campos afectaba al 61 % de niños y la anemia al 66 % de las mujeres embarazadas y al 55% de la totalidad de las mujeres. La deficiencia alimenticia afectaba toda la población de los campamentos. Desde aquí denunciamos los niveles de nutrición, higiene y atención médica, que progresivamente se van deteriorando en los campamentos saharauis, al punto de duplicarse en tres años el número de niños desnutridos.

viernes, 19 de junio de 2009

A los diez años del Tratado de Ottawa

Se acaban de cumplir diez años de la entrada en vigor, el 1 de marzo de 1999, de la Convención de Ottawa de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Por su proceso de gestación, rápido y con una importante participación de la sociedad civil internacional (varios centenares de organizaciones no gubernamentales, asociadas en la Campaña Internacional a favor de la Prohibición de las Minas Terrestres), y por su contenido, completo y ambicioso, se trata de un instrumento internacional singular, que además pone de relieve la íntima vinculación entre la consecución de la paz a través del desarme, el derecho humanitario y los derechos humanos, cuyo fundamento común no es otro que el valor de la dignidad humana.
No es menos extraordinario que el citado tratado fuera adoptado apenas un año después de haberse reformado el segundo Protocolo a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales que hace referencia, precisamente, al empleo de minas, armas trampa y otros artefactos; es decir, que la comunidad internacional haya reconocido, inmediatamente después de su negociación y firma, la mediocridad de un instrumento internacional y la necesidad de una regulación nueva.

Asimismo, las propias carencias del Convenio de Ottawa se han tratado de resolver con el reciente proceso de Dublin, que ha culminado con la firma, pendiente de entrada en vigor, del Tratado de Oslo contra las bombas de dispersión, de 4 de diciembre de 2008.

El problema que el Convenio relativo a minas terrestres pretende abordar es tan antiguo como ingente, si bien sólo en los últimos tiempos ha alcanzado una amplia cobertura mediática. Las cifras que se manejan en la documentación de las Naciones Unidas y otros organismos son escalofriantes. Más de 400 millones de minas han sido sembradas en todo el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de las cuales 65 millones lo han sido después de adoptarse el primer instrumento jurídico que regulaba el uso de las minas antipersonal (1980). Más de 100 millones de esas minas siguen estando activadas a lo largo y ancho del planeta. En los últimos veinticinco años, estos artefactos han matado a unas 200.000 personas en todo el mundo y han mutilado a muchas más; la inmensa mayoría de ellas civiles y casi siempre cuando el conflicto que motivó su “siembra” ya había terminado. Además, han inutilizado con su presencia centenares de miles de hectáreas de tierras que, en otras circunstancias, serían fértiles, lo que en muchos países ha comportado un aumento de la pobreza y las migraciones. La Convención de Ottawa intenta mitigar el problema allí donde existe y, sobre todo, evitar que se reproduzca en el futuro.

Conforme al art. 1.1 de la Convención, los estados parte se comprometen con carácter absoluto a “nunca” y “bajo ninguna circunstancia”: a) Emplear minas antipersonal; b) Desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir a cualquiera minas antipersonal; y c) Ayudar, estimular o inducir a cualquiera a participar en una actividad prohibida por la Convención.

Este primer párrafo justifica los primeros cuatro verbos contenidos en el título del tratado, pues implica la completa prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal. El quinto elemento del título, la obligación de destruir las minas existentes, está contemplado en el artículo 1.2 y se desarrolla en los artículos 4 (destrucción de las existencias) y 5 (destrucción de las minas colocadas en zonas minadas). El resto de la Convención se dedica a precisar el contenido jurídico material de las antedichas prohibiciones (mediante la definición de los términos empleados y el establecimiento de contadas excepciones), establecer el derecho y el deber de cooperar para cumplir los objetivos del tratado (en especial, para la destrucción de las minas y la rehabilitación de sus víctimas) y, finalmente, establecer medidas de verificación de su cumplimiento.

La tajante prohibición contemplada en el art. 1.1 de la Convención sufre, en los artículos 2 y 3, dos tipos de limitaciones. Por un lado, el artículo tercero contempla dos excepciones razonables a dicha prohibición. La transferencia de minas antipersonal está permitida cuando se realiza para su destrucción. Además, cabe retener una cantidad de minas reducida con objeto de que sirvan “para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas”. España declaró en su momento su intención de conservar 4.000 unidades de minas antipersona para estos fines.

En otro orden de cosas, la Convención define “mina antipersonal” como “toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas”. Dado que los proyectiles diseminados por las bombas de dispersión no son técnicamente minas, pero provocan exactamente los mismos efectos que éstas, el mismo movimiento civil internacional que impulsó Ottawa ha promovido el citado Tratado de Oslo contra las bombas de dispersión, que tiene visos de seguir un camino paralelo, en términos de aceptación generalizada, al de la Convención de Ottawa.

A la prohibición de producir, transferir y emplear minas antipersonal se añade en la Convención la obligación de destruir las minas existentes. El objetivo final del tratado es tan diáfano como conseguir un mundo en que estas minas no existan. En relación con este objetivo, hay que distinguir las minas almacenadas por cada Estado parte de aquellas ya colocadas en zonas minadas.

La obligación de destruir las minas antipersonal que cada Estado parte posea, “o estén bajo su jurisdicción o control”, tiene un plazo máximo, improrrogable, de cuatro años desde la entrada en vigor de la Convención para ese país. En España esta obligación ya había sido asumida por la Ley de 5 de octubre de 1998, de acuerdo con la cual “El Ministerio de Defensa procederá a la destrucción de todas las minas antipersonal almacenadas en el plazo más breve posible y como máximo en tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley”. Según informes nacionales e internacionales (LandMine Monitor), todas las minas antipersonal almacenadas por España, cerca de un millón, fueron destruidas entre 1998 y finales del año 2000.

El deber de destruir las minas antipersonal colocadas en zonas minadas tiene un plazo de diez años desde la entrada en vigor de la Convención para cada Estado parte. Las dificultades para la consecución de esta obligación son, sin embargo, muy superiores a la anterior: es más complicado técnicamente, más caro y, sin duda, comporta más riesgos para la seguridad de las personas.

Si tenemos en cuenta que la tecnología para la remoción de minas no ha avanzado significativamente desde la Segunda Guerra Mundial y que los países con mayor número de minas plantadas en su territorio están en vías de desarrollo convendremos que el artículo 5.1 de la Convención tiene más de desideratum que de lege lata. Es por ello que el propio precepto contempla la posibilidad de solicitar prórrogas, renovables, de hasta diez años, que serán evaluadas por la Reunión de los Estados Parte. También en este contexto hay que entender que el artículo 6, relativo a cooperación y asistencia internacionales, dedique diversos párrafos a la cooperación para el desminado y la destrucción de minas.

El Convenio de Ottawa cuenta en la actualidad con 156 estados parte, una cifra más que considerable en la que, sin embargo, se echan en falta algunos estados muy relevantes de la comunidad internacional como Estados Unidos, Rusia o China. La inmensa mayoría de los ausentes han hecho algún tipo de declaración unilateral comprometiéndose a no utilizar este tipo de armamento.

Según se constata en los informes anuales de LandMine Monitor la utilización de minas antipersonal ha decrecido de forma drástica desde 1999, incluso entre estados no parte en el Tratado, si bien cada año se detectan (o al menos se denuncian) algunos casos, sobre todo entre grupos armados no gubernamentales.

Asimismo, más de 90 millones de minas han sido destruidas en estos años, si bien continúa habiendo países con stocks muy importantes, de varios millones de unidades, en estados parte como Bielorrusia, Grecia, Turquía o Ucrania. Todos ellos tienen fecha fijada para la destrucción de sus stocks. Las grandes cifras, sin embargo, están en manos de estados no parte en el Tratado: China (110 millones estimados), Rusia (24.5 millones), Estados Unidos (10.4 millones), Pakistán (6 millones) e India (4-5 millones).

Con todo, a los diez años de su entrada en vigor, el Tratado de Ottawa debe considerarse un gran éxito de la comunidad internacional. Por su calidad técnica-jurídica, por su amplia aceptación y, sobre todo, por haber contribuido decididamente al consenso generalizado que existe en la actualidad en la comunidad internacional sobre el carácter ilegal de cualquier utilización de este tipo de armamento, la Convención de Ottawa constituye un hito para el desarme internacional, para la protección de las víctimas de los conflictos armados y, en definitiva, para la extensión de los derechos humanos en el planeta.

Jaume Saura (Presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya)

http://www.icbl.org/

http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/p0702?OpenDocument&style=Custo_Final.4&View=defaultBody2

PRESENTACIÓN DEL OAPSO

El viernes 26 de junio de 2.009 a las 11,00 horas se presentará en rueda de prensa nuestra asociación, el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental. La misma correrá a cargo de D. Rafael A. Palacios García, Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu e igualmente intervendrán D. Javier A. González Vega, Presidente del Observatorio y catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oviedo, y D. Jesus Mª Martín Morillo, vicepresidente del Observatorio y magistrado del Tribunal de Justicia de Asturias.
El acto se celebrará en la Sala de Prensa de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, en la calle Alférez Provisional, planta 2ª de Oviedo.

MUROS

El Muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos: el Muro de la Vergüenza, el Muro de la Infamia, la Cortina de Hierro…
Por fin, ese muro, que merecía caer, cayó. Pero otros muros han brotado, siguen brotando, en el mundo, y aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada.
Poco se habla del muro que los Estados Unidos están alzando en la frontera mexicana, y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla.
Casi nada se habla del Muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí de tierras palestinas y de aquí a poco será quince veces más largo que el Muro de Berlín.
Y nada, nada de nada, se habla del Muro de Marruecos, que desde hace veinte años perpetúa la ocupación marroquí del Sahara occidental. Este muro, minado de punta a punta y de punta a punta vigilado por miles de soldados, mide sesenta veces más que el Muro de Berlín.
¿Por qué será que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? ¿Será por los muros de la incomunicación, que los grandes medios de comunicación construyen cada día?

* * *

En julio del 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya sentenció que el Muro de Cisjordania violaba el Derecho Internacional y mandó que se demoliera. Hasta ahora, Israel no se ha enterado.
En octubre de 1975, la misma Corte había dictaminado: «No se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sahara Occidental y Marruecos». Nos quedamos cortos si decimos que Marruecos fue sordo. Fue peor: al día siguiente de esta resolución, desató la invasión, la llamada Marcha verde, y poco después se apoderó a sangre y fuego de esas vastas tierras ajenas y expulsó a la mayoría de la población. Y ahí sigue.


* * *

Mil y una resoluciones de las Naciones Unidas han confirmado el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
¿De qué han servido esas resoluciones? Se iba a hacer un plebiscito, para que la población decidiera su destino. Para asegurarse la victoria, el monarca de Marruecos llenó de marroquíes el territorio invadido. Pero al poco tiempo, ni siquiera los marroquíes fueron dignos de su confianza. Y el rey, que había dicho sí, dijo que quién sabe. Y después dijo no, y ahora su hijo, heredero del trono, también dice no. La negativa equivale a una confesión. Negando el derecho de voto, Marruecos confiesa que ha robado un país.
¿Lo seguiremos aceptando, como si tal cosa? ¿Aceptando que en la democracia universal los súbditos sólo podemos ejercer el derecho de obediencia?
¿De qué han servido las mil y una resoluciones de las Naciones Unidas contra la ocupación israelí de los territorios palestinos? ¿Y las mil y una resoluciones contra el bloqueo de Cuba?
El viejo proverbio enseña:
— La hipocresía es el impuesto que el vicio paga a la virtud.


* * *

El patriotismo es, hoy por hoy, un privilegio de las naciones dominantes. Cuando lo practican las naciones dominadas, el patriotismo se hace sospechoso de populismo o terrorismo, o simplemente no merece la menor atención.
Los patriotas saharauis, que desde hace treinta años luchan por recuperar su lugar en el mundo, han logrado el reconocimiento diplomático de ochenta y dos países. Entre ellos, mi país, el Uruguay, que recientemente se ha sumado a la gran mayoría de los países latinoamericanos y africanos.
Pero Europa, no. Ningún país europeo ha reconocido a la República Saharaui. España, tampoco. Éste es un grave caso de irresponsabilidad, o quizá de amnesia, o al menos de desamor. Hasta hace treinta años el Sahara era colonia de España, y España tenía el deber legal y moral de amparar su independencia.
¿Qué dejó allí el dominio imperial? Al cabo de un siglo, ¿a cuántos universitarios formó? En total, tres: un médico, un abogado y un perito mercantil. Eso dejó. Y dejó una traición. España sirvió en bandeja esa tierra y esas gentes para que fueran devoradas por el reino de Marruecos.
Desde entonces, el Sahara es la última colonia del África. Le han usurpado la independencia.

* * *

¿Por qué será que los ojos se niegan a ver lo que rompe los ojos?
¿Será porque los saharauis han sido una moneda de cambio, ofrecida por empresas y países que compran a Marruecos lo que Marruecos vende aunque no sea suyo?
Hace un par de años, Javier Corcuera entrevistó, en un hospital de Bagdad, a una víctima de los bombardeos contra Irak. Una bomba le había destrozado un brazo. Y ella, que tenía ocho años de edad y había sufrido once operaciones, dijo:
— Ojalá no tuviéramos petróleo.
Quizás el pueblo del Sahara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y porque bajo las inmensidades de arena, que tan vacías parecen, yace la mayor reserva mundial de fosfatos y quizá también hay petróleo, gas y uranio.
En el Corán podría estar, aunque no esté, esta profecía:
— Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes.

* * *

Los campamentos de refugiados, al sur de Argelia, están en el más desierto de los desiertos. Es una vastísima nada, rodeada de nada, donde sólo crecen las piedras. Y sin embargo, en esas arideces, y en las zonas liberadas, que no son mucho mejores, los saharauis han sido capaces de crear la sociedad más abierta, y la menos machista, de todo el mundo musulmán.
Este milagro de los saharauis, que son muy pobres y muy pocos, no sólo se explica por su porfiada voluntad de ser libres, que eso sí que sobra en esos lugares donde todo falta: también se explica, en gran medida, por la solidaridad internacional.
Y la mayor parte de la ayuda proviene de los pueblos de España. Su energía solidaria, memoria y fuente de dignidad, es mucho más poderosa que los vaivenes de los gobiernos y los mezquinos cálculos de las empresas.
Digo solidaridad, no caridad. La caridad humilla. No se equivoca el proverbio africano que dice:
— La mano que recibe está siempre debajo de la mano que da.

* * *

Los saharauis esperan. Están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Los campamentos de refugiados llevan los nombres de sus ciudades secuestradas, sus perdidos lugares de encuentro, sus querencias: El Aaiun, Smara…
Ellos se llaman hijos de las nubes, porque desde siempre persiguen la lluvia. Desde hace más de treinta años persiguen, también, la justicia, que en el mundo de nuestro tiempo parece más esquiva que el agua en el desierto.

Eduardo Galeano (2006)

Manifiesto de Tifariti



Los profesores y profesoras procedentes de las Universidades Españolas, Argelinas, de Cuba y del Reino Unido reunidos junto con los investigadores y docentes saharauis y ONGDs en la localidad de Tifariti en el Sahara Occidental en los días 25 y 26 de febrero de 2009 con motivo del Congreso Internacional organizado por la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con el Ministerio de Cooperación de la RASD.

Consideran que:

1º Teniendo en cuenta el trabajo que diversas universidades españolas y de otros países están realizando desde hace años, y tomando como ejemplo las acciones llevadas a cabo por la red de universidades públicas madrileñas en base al manifiesto aprobado el 11 de junio de 2008 por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA) en apoyo al fortalecimiento institucional saharaui y a las políticas de cooperación al desarrollo como reflejo de su compromiso solidario a favor de un mundo más justo.
2º Dado que entre los objetivos de las universidades figura la actuación coordinada mediante redes de trabajo capaces de generar una cultura de implicación que conduzca a potenciar sinergias a favor de la erradicación de la pobreza y la injusticia, así como de todas aquellas situaciones que nos degradan de nuestra condición humana.
3º Entendiendo la necesidad de atender a la población saharaui que habita en los territorios liberados y dotarles de los servicios adecuados para llevar una vida digna en su propio territorio y la necesidad de proceder a la Reconstrucción y Urbanización de los Territorios Liberados del Sahara Occidental e impulsar su desarrollo.
4º Conscientes de la importancia social, cultural y política de la lengua española en el desarrollo de la sociedad y la cultura saharaui, así como del papel de esta lengua en la integración del pueblo saharaui en la comunidad de más de cuatrocientos millones de hispanohablantes, a la que contribuye a enriquecer.
5º Teniendo en cuenta el derecho del pueblo saharaui a pensar libremente y a desarrollar instituciones de producción y difusión de conocimiento al más alto nivel para conquistar su lugar en el mundo y poder así contribuir a su construcción.

Acuerdan:

1º Impulsar en cada una de sus universidades acciones de formación, investigación, sensibilización y asesoramiento que involucren a estas universidades en:
a. Reconstrucción y urbanización de los territorios liberados.
b. Preservación y desarrollo de la lengua española en el pueblo saharaui.
c. Apoyo a la constitución de la «Universidad saharaui de Tifariti».
2º Promover la creación y potenciación de plataformas universitarias que permitan abordar iniciativas y proyectos estables a corto, medio y largo plazo en los tres ámbitos señalados, así como otros que contribuyan al desarrollo humano sostenible y en libertad del pueblo saharaui.
3º Apoyar y sumarse a las iniciativas de la Red de Universidades Públicas Madrileñas relativas a los anteriores puntos, y proponer a la CRUE impulsar la creación y potenciación de una asociación de una red de universidades solidarias con el Sahara Occidental.
4º Apoyar la constitución de la Academia Saharaui de la Lengua Española y su integración a la Asociación de Academias de la Lengua Española, junto a las otras veintidós ya existentes.
5º Crear una Comisión Internacional de Universidades para el apoyo a la constitución y desarrollo de la «Universidad Saharaui de Tifariti».

Tifariti, Sahara Occidental, al 26 de febrero de 2009